Grupo de trabajo debate hoy informe de legisladora Nilza Chacón que recomienda archivar denuncia en su contra. Si se aprueba la medida, la Fiscalía de la Nación quedará impedida de investigar a la mandataria.
Ha pasado casi un año desde que el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, formalizó denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el llamado caso Rolex, esto es, por recibir relojes de alta gama y joyas valorizadas en más de US$70,000 del gobernador regional de Ayacucho, su ‘wayki’ Wilfredo Oscorima, lo que habría configurado la comisión del delito de cohecho pasivo impropio por parte de la mandataria.
Hoy, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, la fujimorista Nilza Chacón —a quien se le encargó la investigación del caso— sustentará su informe final en el que recomienda archivar la denuncia alegando que los hechos imputados no se enmarcan en el artículo 117.° de la Constitución, que precisa que la jefa de Estado solo puede ser acusada durante su periodo por traición a la patria o impedir la realización de elecciones, entre otros.
“Formular acusación vulneraría el principio de legalidad que rige las actuaciones del Congreso. Permitir que prospere una acusación en esas circunstancias conllevaría a validar una extensión indebida de la función del fiscal de la Nación. (…) Es constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio declarar el archivo”, se lee en el informe de 31 páginas.
Fiscalía atada de manos
En declaraciones a Perú21, el abogado penalista Fernando Silva advirtió que si el Congreso aprueba hoy la propuesta de Chacón “no hay forma de que la Fiscalía continúe la investigación”.
“Dentro de las prerrogativas que están en la Constitución, no aparece este esquema como posible de ser investigado, sin embargo, el Congreso podría autorizar la investigación conforme a las normas vigentes, es decir, la Fiscalía tendría que esperar que la presidenta acabe su mandato y continuar con la investigación, inclusive si encuentra nuevos elementos de prueba, que probablemente los encontrará, continuar con la investigación después”, indicó.
El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, en tanto, señaló que esa interpretación rígida del 117.° fue flexibilizada en su momento, indicándose que si bien no se puede acusar al presidente, sí se le puede investigar preliminarmente para acopiar los elementos de prueba.
Apuntó que habría que esperar la sentencia del TC sobre la demanda presentada por el Ejecutivo a efectos de que señale hasta dónde alcanzan las atribuciones del Ministerio Público en materia de investigación. “Si se archivara (hoy) la denuncia constitucional, eso no significa que cuando concluya el mandato de la presidenta, que será en julio de 2026, la Fiscalía no continúe con esa investigación”, subrayó.
SABÍA QUE
La Fiscalía de la Nación presentó 33 elementos de convicción para sustentar la comisión del presunto delito de cohecho pasivo impropio por parte de la mandataria.
Chacón recomienda en su informe que el Congreso evalúe si la Fiscalía de la Nación infringió la Constitución al promover la denuncia.
